BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
LOS CORROMPIDOS SINDICATOS VERTICALES DICEN que llevarán el recorte salarial ante el juez
Los sindicatos denunciarán que vulnera la Constitución y la Ley de Presupuestos
UGT da por segura la demanda y CCOO y CSI-CSIF comenzarán a estudiarla en cuanto conozcan los detalles del recorte salarial a los empleados públicos que el Consejo de Ministros aprueba hoy. Los sindicatos lucharán también en los tribunales contra el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo de septiembre que reconocía a los funcionarios un aumento salarial del 0,3% este año.
Según explicó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, aún no está claro si la demanda se presentará ante la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo. En el segundo caso, si los abogados de los sindicatos aducen que se han vulnerado derechos fundamentales, el proceso será mucho más rápido.
Lacuerda considera que el recorte salarial viola el capítulo primero de los Presupuestos del Estado, que define qué es el sector público, y la misma Constitución, que no admite la retroactividad de las medidas. A su juicio, no hay ni un solo elemento legal que permita «discriminar» a los empleados de las administraciones de los trabajadores de las empresas públicas, a quienes el Gobierno no aplicará la rebaja salarial.
El pasado lunes, los presidentes de Renfe y Adif propusieron a UGT y CCOO una rebaja salarial «voluntaria» del 5% «para solidarizarse con el esfuerzo» de los funcionarios, informa Europa Press. Ambos sindicatos rechazaron la oferta.
«Aparece la mala conciencia», asegura Julio Lacuerda. CSIF recuerda que sólo mediante la negociación es legal modificar los convenios colectivos.
Otro argumento adicional a favor de la demanda judicial, según UGT, es que el acuerdo de septiembre prevé su propia suspensión bajo circunstancias excepcionales. «Pero el Gobierno no lo suspende, sino que elimina derechos consolidados», explica Lacuerda, «cuando la no retroactividad es un principio básico del Derecho».
Por su parte, responsables de CSIF y CCOO se remitieron a la reunión de hoy de la Mesa de la Función Pública, en la que serán informados de los detalles del decreto-ley, para anunciar posibles actuaciones judiciales.
Existe un precedente: CCOO recurrió ante la Audiencia Nacional la congelación salarial de los funcionarios decretada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar. El tribunal dio la razón al sindicato y el Ejecutivo recurrió ante el Supremo, que en 2002 anuló la primera sentencia. CCOO acudió entonces al Constitucional, que falló en 2005 en su contra, y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que resolvió en el mismo sentido en 2008.
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